RESOLUCIÓN DE LA XLVIII ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA
CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa;
REAFIRMANDO el derecho de los pueblos de las Américas a la democracia y la obligación de los gobiernos de promoverla y defenderla;
TENIENDO EN CUENTA que el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos son, entre otros, elementos esenciales de la democracia representativa;
TOMANDO NOTA del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, publicado el 12 de febrero de 2018, que da cuenta de la crisis política, económica, social y humanitaria en ese país;
RECORDANDO que, mediante su resolución CP/RES. 1095 (2145/18) del 23 de febrero de 2018, el Consejo Permanente solicitó al Gobierno de Venezuela reconsiderar la convocatoria a elecciones presidenciales e implementar las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria, incluida la aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional;
CONSIDERANDO que el agravamiento de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha causado un deterioro en la calidad de vida en ese país está generando una emigración cada vez mayor de ciudadanos venezolanos y está teniendo efectos en la capacidad de algunos países del Hemisferio para atender las distintas necesidades, incluyendo las de seguridad, como quedó en evidencia en la sesión del Consejo Permanente celebrada el 30 de abril de 2018;
RECORDANDO que la resolución CP/RES. 1078 (2108/17) del 3 de abril de 2017 declaró que había ocurrido una alteración inconstitucional del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela;
DESTACANDO que las iniciativas diplomáticas ofrecidas por el Consejo Permanente y emprendidas por varios Estados Miembros han sido rechazadas por el gobierno venezolano o han fracasado hasta ahora;
RESUELVE:
1. Declarar que el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.
2. Reafirmar que, sólo a través de un dialogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de manera pacífica la actual crisis en ese país.
3. Reiterar que ha ocurrido una alteración inconstitucional del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, como fue declarado en la resolución CP/RES. 1078 (2108/17) del 3 de abril de 2017.
4. Urgir al Gobierno de Venezuela a dar pasos para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, el Estado de Derecho y las garantías y libertades de la población.
5. Urgir al Gobierno de Venezuela a permitir el ingreso de ayuda humanitaria, así como a implementar las medidas de vigilancia epidemiológica en su país para evitar el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública, en particular frente a la reaparición de enfermedades como sarampión, malaria y difteria.
6. Instar a los Estados miembros a implementar medidas para atender la emergencia epidemiológica, incluyendo suministrar medicamentos, así como considerar contribuciones a organismos internacionales competentes para fortalecer las capacidades institucionales de los países receptores.
7. Instruir al Consejo Permanente para que, en coordinación con las instituciones interamericanas e internacionales competentes, identifique las medidas apropiadas para apoyar a los Estados Miembros que están recibiendo un creciente número de migrantes y refugiados venezolanos.
8. Hacer un llamado a los Estados Miembros y Observadores a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas que estimen convenientes a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.
9. Mantenerse atenta al desarrollo de la situación en Venezuela con objeto de apoyar medidas y acciones diplomáticas adicionales que faciliten la restauración de la institucionalidad democrática y de la paz social, y promuevan el respeto absoluto a los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho, en el marco constitucional de Venezuela y de manera consistente con sus obligaciones y compromisos internacionales.
10. Aplicar, en estricto apego al texto y espíritu de la Carta Democrática Interamericana, los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa previstos en sus artículos 20 y 21.
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Canciller Luis Videgaray: Gracias, Presidente.
Nuevamente, buenos días.
Estamos en un momento inédito de cambios y redefiniciones en el ámbito internacional. En un mundo en rápida transformación, altamente interconectado y con responsabilidades compartidas, hoy más que nunca debemos asegurarnos que nuestra organización siga siendo un espacio relevante de diálogo plural.
Los aniversarios son siempre una ocasión para mirar hacia atrás, examinar logros y desaciertos, pero también para ver al futuro. En su setenta aniversario, los Estados miembros de la OEA tenemos la responsabilidad de reevaluar con el mejor ánimo de fortalecer su acción frente a los retos hemisféricos, que de ninguna manera podemos enfrentar solos.El continente americano es una región con una larga tradición multilateralista. Sin duda, la diversidad cultural y social que caracteriza a nuestro continente nos ha hecho conscientes del enorme valor del diálogo político multilateral para hacer frente a desafíos comunes.
En 1948, la OEA se formó con el objetivo de lograr un orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración y defender la soberanía e integridad territorial.
Durante 70 años, la OEA ha logrado sortear muchos momentos críticos, que la han consolidado como el espacio de encuentro y articulación de intereses en torno a causas comunes, como ahora ocurre.
En la actualidad, más que ser una agrupación de países que ocupan el mismo espacio geográfico, la OEA es y debe seguir siendo una comunidad que comparte valores, principios y obligaciones.
En el hemisferio hemos acordado construir sociedades más prósperas y justas, con el ejercicio efectivo de una democracia representativa, la lucha contra la pobreza, el respeto al Estado de Derecho, el combate a la corrupción, la promoción y la protección de los derechos humanos y por supuesto la solidaridad entre los Estados americanos.
Hemos reconocido nuestra responsabilidad de impulsar el desarrollo integral de todos, para combatir la exclusión y discriminación hacia los grupos más vulnerables, y así avanzar de manera colectiva hacia una región más justa, próspera e incluyente.
Dicho de manera más simple, queremos no solamente vivir mejor, sino que todos vivamos bien.
Reconocemos que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que es uno de los propósitos centrales de esta organización promoverla y consolidarla.
Como países firmantes de la Carta Democrática de septiembre de 2001, defender la democracia ante su ruptura institucional no es una preferencia; es una obligación jurídica ante el continente y ante el mundo.
Por lo tanto, México asume plenamente esta responsabilidad, con pleno respeto al principio de autodeterminación de los pueblos, con pleno respeto a la soberanía nacional, pero reconociendo, que ante la ruptura del orden democrático, invocar estos principios para proponer la indiferencia no es otra cosa que convocar a una complicidad tácita; a no atrevernos a señalar lo que ocurre de mal en un país, para que no nos señalen a otros. O simplemente, a mirar al techo cuando la democracia se colapsa en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de todos los demás.
Por eso, México seguirá haciendo sus mejores esfuerzos diplomáticos para promover que la democracia se restablezca donde se ha roto, en cualquier rincón del continente.
Lo haremos siempre abogando por una solución pacífica. Rechazamos categóricamente cualquier opción violenta, que venga de dentro o que venga de afuera.
Pero que no se nos pida, que no se nos pida quedarnos callados ante un incumplimiento de lo más fundamental, que ocurre en la colectividad y en la convivencia de un país, que son las reglas establecidas de una democracia representativa.
Estamos convencidos de que la consolidación de sociedades democráticas descansa en la promoción y protección de los derechos humanos. En este importantísimo tema, reconocemos ampliamente y sin reservas al sistema interamericano de los derechos humanos: a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
México es un país que cree en el sistema y que está abierto al escrutinio internacional. Creemos que todos los países deben estar abiertos al pleno escrutinio del sistema interamericano de derechos humanos. Aunque a veces los casos sean dolorosos, aunque a veces los casos nos lastiman, es a través del escrutinio internacional como el instrumento más poderoso de cambio.
Y en materia de derechos humanos, México, como un país que es al mismo tiempo origen, destino, país de retorno y ahora más que nunca país de tránsito de migrantes, creemos que la organización y la región deben alzar la voz para defender la dignidad y los derechos humanos de los migrantes, sin importar cuál sea su situación jurídica. Y debe reconocerse el valor de los migrantes para la economía, para la sociedad y para la cultura de los países a los que arriban, una vez más, por encima de su situación jurídica.
Reconocemos plenamente la soberanía de todos los Estados americanos. Reconocemos el pleno derecho que tiene cada país, cada Estado, a determinar su propia política migratoria; pero esa soberanía no puede estar por encima de la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos.
Amigas y amigos, representantes de los Estados miembros,México a todos ofrece respeto y ofrece amistad. México es un país que no cree en los muros. México cree en los puentes, en los puentes que se construyen en los pilares del respeto mutuo y el respeto al derecho internacional; que se construyen a través del diálogo sincero, de la negociación, de resolver las diferencias a partir de encontrar las coincidencias. México es un país que cree en los puentes como aquellos vínculos por los cuales se fortalece la amistad, la cercanía y el cariño entrañable que debe prevalecer siempre entre los pueblos de América y el Caribe.
Muchas gracias, señor Presidente.
Autor
Secretaría de Relaciones Exteriores
Fecha de publicación
04 de junio de 2018
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OEA y México firman acuerdo sobre Misión para elecciones del 1 de julio
14 de abril de 2018
Foto: OEA
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y México firmaron un acuerdo hoy sobre las privilegios y inmunidades de la Misión de Visitantes Extranjeros que observará las elecciones federales y locales del 1 de julio.
Tras la firma del acuerdo, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, explicó que "el objetivo de este tipo de misiones es contribuir con el fortalecimiento de los procesos electorales en el continente, promoviendo la integridad, imparcialidad, transparencia y confiabilidad”. Será la cuarta misión que la OEA enviará a unas elecciones en México.
Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, enfatizó que "la observación de la OEA a través del Departamento para la Cooperación y Observación electoral que realiza observación en todo el hemisferio será sin duda una contribución fundamental para este proceso”.
Durante las elecciones del 1 de julio, los mexicanos elegirán al presidente, 128 senadores, 500 diputados, 8 gobernadores, el alcalde de la Ciudad de México, y miles de cargos locales y municipales. El Secretario General Almagro designó al ex Presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, como Jefe de la Misión.
Referencia: FNC-93848
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63º Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD, Ciudad de México
Entre el 25 al 27 de abril de 2018, se realiza en la sede de la Cancillería de México, el Sexagésimo Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD), donde se busca fortalecer los avances obtenidos por la región en los últimos años sobre el problema de las drogas en el Hemisferio.
En base a la agenda de la reunión, los países miembros analizarán, junto a expertos y especialistas, temas tales como el seguimiento a los compromisos de la UNGASS 2016; la generación de evidencia científica para la formulación de políticas de drogas; la crisis de los opioides; los mercados locales de drogas ilegales; y la política de drogas y sociedad civil, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. En igual sentido, se espera aprobar el Plan de Trabajo 2018 de la CICAD, así como los informes de los diferentes grupos de trabajo.
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4ª Conferencia de Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA)
El 4 y 5 de abril se realizó en la Ciudad de México la Cuarta Conferencia de Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), bajo la Presidencia de México.
El objetivo de la reunión busca evaluar el nivel de funcionamiento e implementación de la CIFTA, a 20 años de su entrada en vigor, así como aprobar un nuevo Curso de Acción 2018 – 2022, el cual establece las líneas de trabajo a seguir durante los próximos años por los países miembros. Además, se emitió una Declaración Conmemorativa a los 20 años de la entrada en vigor de la CIFTA, que la reafirma como el primer instrumento multilateral vinculante contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego.
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