Intervención de la Embajadora Luz Elena Baños Rivas en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA “Quincuagésimo aniversario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Cuadragésimo aniversario de la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 11 de diciembre de 2019.

 

 

Muchas gracias, señora Presidenta.

Agradezco las presentaciones de las muy distinguidas personalidades que nos acompañan en esta sesión. 

México, junto con Costa Rica, Ecuador y Uruguay, apoyó la solicitud de esta convocatoria para conmemorar el Quincuagésimo Aniversario de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Cuadragésimo Aniversario de la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), pilar fundamental del multilateralismo y de la defensa y protección de los derechos humanos del hemisferio. Celebramos también los 25 años de la Convención de Belem do Pará. 

El Pacto de San José cumple un papel clave y fundamental en el respeto y promoción de los derechos humanos en el continente, pues más allá de reconocer los derechos mínimos, esenciales e inalienables de los seres humanos, establece los medios y mecanismos para su debida protección. La CoIDH es una de las mejores instituciones hemisféricas y los Estados debemos fortalecerla gradualmente, al igual que a la CIDH. 

México reconoce ampliamente la valiosa labor que desempeña desempeña la CoIDH por su relevante aporte al avance de los derechos humanos en nuestros países. 

Particularmente, destaco el trabajo y compromiso de Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez de la CoIDH desde el 2013 y que, al igual que en otros periodos lo hicieran los reconocidos juristas mexicanos, Héctor Fix-Zamudio y Sergio García Ramírez, ha presidido este importante órgano jurisdiccional. Reciban el reconocimiento de México todos los jueces y el personal de la CoIDH, su trabajo es muy importante para la vida de las personas, especialmente para las víctimas. 

El compromiso de México con el respeto a los derechos fundamentales de las personas a través de la sujeción voluntaria a jurisdicción de la CoIDH tiene una profunda tradición. El Estado mexicano fue uno de los primeros países en aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte, el 16 de diciembre de 1998

Esta decisión acertada refleja la convicción política y jurídica de incorporar de forma integral el sistema de protección de los derechos humanos a nivel nacional y hemisférico; refleja también el reconocimiento de la dignidad de las personas y de la definición de los deberes del Estado. 

Desde su creación, la CoIDH en relación con el Estado mexicano, ha dictado sentencia en 13 casos contenciosos, las tres últimas emitidas en 2018; ha dictado 47 medidas provisionales; y, tiene 16 resoluciones de casos en supervisión de cumplimiento. 

Entre 2009 y 2010, la CoIDH dictó sentencia responsabilizando al Estado mexicano por violación de derechos humanos en los casos González y otras (conocida como “Campo Algodonero”), Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. 

En todos estos casos, con fundamento en los artículos 67 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 31 del Reglamento de la misma Corte, nuestro país acepta y reconoce el carácter inapelable y definitivo de estas sentencias, obligándose a cumplir en todos sus términos y plazos las disposiciones que deriven de cualquier sentencia emitida por ese tribunal. 

Específicamente, el caso “Campo Algodonero” relativo al asesinato de 8 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, de los cuales, 3 casos fueron sometidos ante la CoIDH el 4 de noviembre de 2007, es de trascendental importancia para el avance de los derechos humanos en México y en toda la región, pues por primera vez la CoIDH desarrolló una "perspectiva de género" en su jurisprudencia. 

La CoIDH realiza un análisis pormenorizado del caso, en el que entiende explícitamente que la "perspectiva de género" implica tomar en cuenta, al momento de reparar a las víctimas, "impactos diferenciados que la violencia causa en mujeres y hombres". Asimismo, indicó que las reparaciones con perspectiva de género deben: i) cuestionar y estar en capacidad de modificar a través de medidas especiales el status quo que causa y mantiene la violencia contra la mujer y los homicidios por razones de género; ii) constituir claramente un avance en la superación de las desigualdades jurídicas, políticas y sociales, formales o de facto, que sean injustificadas por causar, fomentar o reproducir los factores de discriminación por razón de género, y iii) sensibilizar a los funcionarios públicos y la sociedad sobre el impacto de los factores de discriminación contra las mujeres en el ámbito público y privado. 

Más allá de la sujeción a la competencia de la Corte, el Estado mexicano ha impulsado la consolidación y fortalecimiento de la función consultiva de la CoIDH. 

Muestra de ello es la opinión consultiva solicitada en 1997 por el gobierno de México, sobre el alcance del art. 36 de la Convención de Viena, la cual, al resolverse de forma positiva determinó que los Estados receptores están obligados a notificar a un extranjero, en el momento de su aprehensión y detención por un delito susceptible de pena de muerte, sobre su derechos a recibir asistencia consular

Otro ejemplo de la forma en que México ha fortalecido la función consultiva de la CoIDH es la segunda petición mexicana, que también se resolvió favorablemente, y que determina la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados. De esta manera, México se vuelve un factor clave para apoyar y proteger a este grupo altamente vulnerable y de la mayor relevancia en la realidad actual de los países de la región. 

Cabe destacar también el papel que tuvo el Estado mexicano en el procedimiento para la adopción de la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la cual, fue solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Parte clave de las consideraciones realizadas en el marco de la audiencia de la opinión fueron realizadas por el Gobierno mexicano, una delegación del Senado de la República y organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil mexicanas. 

Esta colaboración y compromiso irrestricto con los derechos humanos ha cobrado aún más relevancia en la actualidad por el compromiso del gobierno de México con la justicia social y la defensa de los derechos de los grupos de mayor vulnerabilidad. 

Existe la firme convicción del Estado mexicano de reconocer la vulneración de los derechos humanos y, más allá de eso, reparar integralmente y reivindicar a las víctimas. Es por eso que ha centrado sus esfuerzos en colaborar estrechamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que los casos puedan resolverse de forma amigable y en el menor tiempo posible, evitando llegar a la CoIDH. 

 En este sentido, en cumplimiento con el Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH, se ha realizado el estudio de las peticiones, casos y medidas cautelares vigentes del Estado mexicano. 

 Como resultado de estas acciones, se logró el levantamiento de alrededor de 33 solicitudes de medidas cautelares por inactividad procesal y se ha dado un impulso a la suscripción de diversos acuerdos de solución amistosa. México es uno de los tres países que encabezan la lista de países con mayor número de soluciones amistosas alcanzadas en la historia de la CIDH, opción a la que mi país da un gran valor institucional. 

Sin dejar de reconocer los desafíos que México enfrenta en materia de derechos humanos, la propia CIDH destacó en el Capítulo V de su último Informe Anual, que es notorio que el Estado mexicano ha emprendido acciones concretas tendientes a enfrentar los desafíos en materia de derechos humanos a través de la creación y fortalecimiento de instituciones especializadas a nivel nacional y estatal, e incluso municipal en algunas entidades. 

México continuará dando seguimiento puntual a las recomendaciones de la Comisión, haciendo lo que esté a su alcance para evitar que los asuntos de violaciones de derechos humanos lleguen a la CoIDH, convencido del impacto positivo que tiene el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y la reparación pronta y oportuna de las víctimas de violaciones a derechos humanos, así como el compromiso de no repetición. 

El Estado mexicano refrenda su voluntad para atender violaciones de derechos humanos a través del fortalecimiento de las acciones para su protección efectiva en el país. La apertura al escrutinio internacional y la plena cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos son un componente central de estos esfuerzos. 

 

A 50 años de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a 40 de la instalación de la CoIDH, México reconoce y apoya los constantes esfuerzos de la Corte, tanto en materia jurisdiccional como consultiva. 

Que estos aniversarios, nos inviten a reflexionar sobre los retos que aún persisten en la región y la necesidad de que conjuntamente avancemos para hacerles frente. 

Permítame concluir reiterando el compromiso de México con el trabajo de la máxima institución judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para hacer realidad la universalidad, integralidad y progresividad de los derechos humanos en el hemisferio.