Historia de la OCDE

Firma de la Convención de la OCDE (1960)

Historia de la OCDE

La OCDE fue creada el 14 de diciembre de 1960. Surgió de la transformación de la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE), que fue creada en 1948 para administrar los fondos de reconstrucción para Europa (18 países) del Plan Marshall. Una vez concluido este mandato, se decidió transformar la organización con el fin de promover los mercados internacionales, el desarrollo económico y el empleo, al tiempo que se buscaba cooperar con las economías en desarrollo. Además de los 18 países europeos, la OCDE también incluyó a Estados Unidos y Canadá.

En los primeros quince años, la OCDE amplió su membresía con la adhesión de Japón (1964), Finlandia (1969), Australia (1971) y Nueva Zelanda (1973). Durante las décadas de 1970 y 1980, la organización abordó problemas globales como la crisis energética, la inflación y el desempleo, convirtiéndose en una plataforma para el diálogo económico global.

En 1989, con la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética en 1991, la organización enfrentó un desafío único: ¿qué apoyo se podía ofrecer ante las oportunidades emergentes de una nueva liberalización económica? México fue un factor clave en este proceso: la entrada de nuestro país en 1994 dio inicio a un ciclo de expansión de la OCDE que incluyó la adhesión de la República Checa en 1995, la República de Corea, Hungría y Polonia en 1996, y Eslovaquia en 2000. Con estos nuevos miembros, la OCDE se transformó al incluir en la mesa de discusión a una gran economía emergente como México, así como a nuevas democracias que aún tenían estados frágiles, como los países que habían formado parte de la órbita de la antigua Unión Soviética.

Los cambios y la transformación de la OCDE también se reflejaron en su liderazgo. Desde su fundación en 1961, todos los Secretarios Generales habían sido europeos: Thorkil Kirstensen (1961-1969), danés; Emiel van Lennep (1969-1984), neerlandés; y Jean-Claude Paye (1984-1996), francés. Todos ellos habían mantenido un enfoque muy europeo, centrado en la generación de un mercado interno y en el análisis económico tradicional.

A finales de 1994, Estados Unidos no apoyó la renovación de un tercer mandato para el Secretario General Paye, por lo que, en acuerdo con Francia, se decidió nombrar al canadiense Donald Johnston a partir de junio de 1996. Este sería el primer Secretario General no europeo, y desde entonces, los Secretarios Generales han dejado de ser exclusivamente europeos. El legado de Johnston incluyó la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, la Mesa Redonda Ministerial sobre Desarrollo Sostenible y, en particular, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA).

En 2005, por primera vez, se lanzó un proceso de selección competitivo para nombrar al siguiente Secretario General de la OCDE. Se presentaron seis candidatos y el mexicano Ángel Gurría fue elegido por consenso, asumiendo el cargo el 1 de junio de 2006. Este evento fue muy importante para México, ya que, solo doce años después de haberse convertido en miembro, un ciudadano mexicano fue elegido para liderar la organización. Los quince años de sus tres mandatos fueron los de mayor transformación para la OCDE.

En primer lugar, en respuesta a la crisis financiera de 2007-2008, la organización decidió realizar un cambio estructural para diferenciarse de otras organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (conocidos como el Consenso de Washington), con el fin de abrir espacio para otros tipos de diálogo y reflexión centrados en cuestiones sociales, como la desigualdad y la pobreza. Se creó la iniciativa Nuevas Enfoques para los Desafíos Económicos (NAEC), que buscaba incorporar investigadores de vanguardia en diferentes áreas de políticas públicas en la OCDE. Este fue uno de los mayores cambios en la organización: su trabajo se enfocó en el “crecimiento inclusivo”.

En 2009, la Cumbre del G20 en Londres, liderada por el Reino Unido, probablemente representó uno de los cambios más importantes en la arquitectura económica global. En respuesta a la gran incertidumbre derivada de la crisis financiera, se decidió celebrar por primera vez una reunión del G20 a nivel de líderes. En esta cumbre, la OCDE presentó la “lista negra”, que fue el resultado del trabajo de la organización contra los paraísos fiscales, gracias a lo cual la OCDE se consolidó como una de las organizaciones internacionales más importantes y se convirtió en el secretariado de facto del G20 en muchos temas.

Otra de las transformaciones de la organización que comenzó en 2007 fue un nuevo proceso de expansión de membresía, así como la identificación de economías emergentes clave con las que la OCDE quería establecer una relación más estrecha. Como resultado, cuatro nuevos miembros se unieron en 2010: Chile, Eslovenia, Estonia e Israel, mientras que se fortalecieron las relaciones con Brasil, India, Indonesia, China y Sudáfrica. Esta apertura transformó la imagen de la OCDE, haciéndola más inclusiva para el mundo en desarrollo. También se fortaleció el papel del Centro de Desarrollo como vínculo con economías no miembros de la organización.

En 2011, se adoptó la declaración de visión para el quincuagésimo aniversario de la OCDE, la cual dejó en claro que su misión esencial es promover un crecimiento económico más fuerte, más limpio y más justo. También se adoptaron conceptos y eslóganes como “mejores políticas para una vida mejor”, un nuevo paradigma para un desarrollo más inclusivo y flexible, y la consolidación del papel de la OCDE como una red global de formuladores de políticas públicas. Poco a poco, la organización otorgó mayor importancia a las políticas sociales, dando lugar a su segundo lema: “no dejar a nadie atrás”.

Se inició un nuevo proceso de expansión con la incorporación de Letonia (2016), Lituania (2018), Colombia (2020) y Costa Rica (2021), alcanzando así los 38 miembros actuales.

En 2020, el trabajo de la OCDE se vio afectado por la crisis de la COVID-19, al igual que el resto del mundo. Sin embargo, en menos de quince días la organización tomó medidas para adaptarse y continuar operando de forma remota. La reunión anual de ese año, presidida por España, se llevó a cabo de manera virtual, con tres paneles temáticos sobre economía, empleo y medio ambiente, seguidos de la reunión anual. La participación de los ministros fue impresionante y se logró una declaración ministerial muy sustantiva, algo que no se había conseguido en los cuatro años anteriores.

Durante 2020 y 2021, el proceso de selección del nuevo Secretario General se llevó a cabo de manera híbrida. Se nominaron diez candidatos y el australiano Mathias Cormann fue elegido por consenso. Asumió el cargo el 1 de junio de 2021 y completará su primer mandato el 1 de junio de 2026.

La OCDE ha comprendido que su relevancia en el ámbito global depende en gran medida de su apertura e inclusión en las mesas de diálogo. Actualmente, ocho países están en proceso de adhesión: Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Indonesia, Perú, Rumania y Tailandia.

Extracto deGalván Gómez, Helena Sybel, y Carlos Javier Castillo Pérez. 2024. «Treinta años De México En La OCDE: Tres décadas De transformación». Revista Mexicana De Política Exterior, n.º 130 (noviembre): 123-34.

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México en la OCDE

 

México en la OCDE

El año 2024 marca el trigésimo aniversario de la adhesión de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Si hay una palabra que puede describir estos treinta años de colaboración, es "transformación", no solo para México, sino también para la Organización.

El interés de México en convertirse en miembro de la OCDE formó parte de una estrategia nacional que buscaba una mayor integración en la economía global, con el fin de ser más competitivo y abrir nuestras puertas al mundo. Por su parte, la OCDE, que ya incluía a las economías más avanzadas, comprendió que, para ser más relevante, debía acercarse a los países emergentes y a las nuevas democracias. Así fue como México se convirtió en el primer país emergente y latinoamericano en unirse a la organización.

El año 1994 comenzó con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que marcó el inicio de una integración económica regional sin precedentes y que, años más tarde, se consolidaría como una de las regiones más dinámicas del mundo. Hoy, México es el principal socio comercial de Estados Unidos.

El 18 de mayo de 1994, México se convirtió en el miembro número 25 de la OCDE. Desde entonces, nuestro país ha jugado un papel clave dentro de la organización, sirviendo como un puente de facto entre las economías más avanzadas y las economías de ingresos medios. Debido al tamaño de nuestra economía, formamos parte del Grupo de los Veinte (G20) y, durante más de quince años, fuimos el único país de América Latina en ser miembro de la OCDE. México ha sido portavoz de la visión de las grandes economías de ingresos medios en un foro compuesto principalmente por economías avanzadas. Es fundamental explicar y compartir nuestras diferencias estructurales para que sean tomadas en cuenta en el diseño de políticas públicas dirigidas a enfrentar los desafíos comunes que enfrentamos.

Si hay algo que caracteriza a la OCDE, es su resiliencia y capacidad de adaptación de las políticas públicas ante los distintos desafíos globales que ha enfrentado a lo largo de más de sesenta años desde su creación. Como dijo el entonces canciller mexicano, Manuel Tello, en su primera intervención ante el Consejo de la OCDE:

"Estamos inmersos en una época de cambio y transición a escala global, en la que todos debemos adaptarnos a las vertiginosas transformaciones. […] México seguirá trabajando activamente en la búsqueda de respuestas a una de las preguntas más complejas que enfrenta la humanidad: ¿Cómo podemos lograr un orden económico y social más justo y equitativo?"

Los treinta años de México en la OCDE son una historia de transformación. Mucho se ha escrito sobre los beneficios que México ha obtenido gracias a su pertenencia a la organización, pero poco sobre las contribuciones que ha realizado desde su adhesión.

El primer contacto de México con la OCDE se dio en 1978, cuando la organización invitó al gobierno mexicano, junto con los de Brasil, India y la República de Corea, a participar en los trabajos del Comité del Acero. Aunque ninguno de estos países decidió asistir en esa ocasión, en 1980 México solicitó participar como observador en un simposio sobre acero, lo que permitió formalizar una relación con el Comité del Acero en 1982 y convertirse en miembro pleno en 1990. Ese mismo año, el acercamiento entre México y la OCDE se intensificó al más alto nivel con una reunión en Davos, Suiza, entre José Córdoba Montoya, jefe de la Oficina de la Presidencia, y Jean-Claude Paye, secretario general de la OCDE. En este encuentro, México y la OCDE acordaron un proceso concertado de acercamiento que incluyó el envío de una misión mexicana para conocer sus actividades y métodos de trabajo, así como la participación del país en más comités de la organización.

La primera misión mexicana a la OCDE tuvo lugar en 1991, durante la cual el canciller Fernando Solana seleccionó los comités en los que México participaría. Posteriormente, Manuel Tello, embajador de México en Francia, se reunió con los embajadores en el Consejo para afinar los detalles de cómo México colaboraría con la OCDE. Este acuerdo político se reflejó en la Declaración Ministerial del Consejo de 1991, en la que se destacaban las reformas económicas de México y se instaba al secretario general de la OCDE a continuar el trabajo conjunto, solicitando un informe sobre los resultados en 1992. Este acercamiento se materializó en la decisión del Consejo de llevar a cabo un estudio económico inicial de México.

El 22 de julio de 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari aprovechó su visita oficial a Francia para reunirse con el secretario general Paye y miembros del Consejo. Tanto la visita del presidente Salinas como la preparación del estudio económico de México promovieron el acercamiento y fortalecieron la relación con miras a la adhesión formal de México a la organización.

En la reunión ministerial del Consejo de 1993, comenzaron a examinarse los términos y condiciones de la entrada de México en la OCDE. Durante este periodo, de junio de 1993 a enero de 1994, hubo una intensa colaboración entre el Gobierno de México y la OCDE para alinear la legislación mexicana con el Acquis y la Convención de la OCDE. El 24 de marzo de 1994, el Consejo evaluó positivamente los resultados de México y fijó el 14 de abril como la fecha para extender una invitación formal al país para unirse a la Convención. El instrumento fue ratificado por el Senado de la República el 10 de mayo y depositado el 18 de mayo ante el gobierno francés, formalizando así la membresía de México en la OCDE.

 

Recordemos lo que estaba ocurriendo en México a mediados de los años noventa: el presidente Salinas quería modernizar la economía mexicana, atraer inversión extranjera y fortalecer la integración del país en el sistema económico internacional, lo que incluyó la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la adhesión a la OCDE.

En este sentido, la incorporación de México a la OCDE fue el resultado de un complejo y detallado proceso de negociaciones y reformas. Desde el principio, México mostró un gran interés en unirse a esta organización, no solo como una forma de validar sus políticas internas de apertura económica, sino también para acceder a un foro de discusión y cooperación con los países más desarrollados del mundo. La OCDE, por su parte, como se mencionó anteriormente, estaba en proceso de adaptación a las nuevas realidades globales del período posterior a la Guerra Fría y buscaba ampliar su membresía para incluir países que, aunque no completamente desarrollados, mostraban un claro compromiso con la liberalización económica y las reformas estructurales.

Sin embargo, el camino hacia la membresía no fue fácil. Hubo resistencia de algunos países europeos que cuestionaban la capacidad de México para cumplir con los estrictos estándares de la OCDE. Estos países señalaban los problemas económicos y sociales persistentes que caracterizaban a México, argumentando que podían ser incompatibles con los valores y objetivos de la organización. Países como Alemania y Japón preferían la inclusión de naciones de Europa del Este y de la República de Corea, respectivamente, que también estaban en proceso de reforma, pero eran percibidos como más alineados con los estándares de la OCDE.

A pesar de esta resistencia, México logró su objetivo a través de intensas negociaciones. Las reformas implementadas en el país desde la década de 1980, como la privatización de empresas estatales, la apertura a la inversión extranjera y la liberalización del comercio, jugaron un papel crucial en convencer a los miembros de la OCDE sobre la seriedad de sus intenciones. Además, el apoyo de aliados clave, como Estados Unidos y España, fue fundamental para superar las reticencias de otros miembros.

La membresía brindó a México acceso privilegiado a un foro de discusión de políticas públicas, donde podía aprender de las experiencias de países más desarrollados y aportar su propia perspectiva. Uno de los beneficios más significativos ha sido el acceso a una amplia base de datos y análisis comparativos que han permitido al país evaluar su desempeño en diversas áreas. Esto ha facilitado la implementación de políticas basadas en evidencia, mejorando la eficiencia y efectividad de las decisiones gubernamentales.

La OCDE ha desempeñado un papel esencial en la configuración de políticas públicas clave en México. Las revisiones periódicas de la política económica del país han proporcionado un marco para evaluar y ajustar estrategias ante las cambiantes condiciones globales.

En términos de desarrollo social, la OCDE ha sido fundamental para promover políticas orientadas a reducir la desigualdad y mejorar la inclusión social. Sus recomendaciones en áreas como educación, salud y seguridad social han sido cruciales para diseñar programas más inclusivos y equitativos.

Esto ha sido particularmente relevante en la lucha contra la corrupción, donde la colaboración con la OCDE ha resultado en la adopción de medidas más estrictas y en la creación de mecanismos de supervisión más sólidos. Del mismo modo, las reformas en sectores clave, como el de las telecomunicaciones, promovidas por la OCDE, han sido fundamentales para aumentar la competitividad y atraer inversión extranjera, lo que ha reducido costos para los consumidores y mejorado la calidad del servicio, en línea con las sugerencias de la organización. Sus recomendaciones sobre la gestión integrada del agua en 2013 también dieron lugar a la Ley General de Aguas, modernizando el marco legal e institucional que regula el uso comercial y humano de los recursos hídricos.

El impacto de la OCDE en México no se ha limitado a las fronteras nacionales. La creación del Centro de la OCDE en México, una oficina externa de la organización, ha sido clave para establecer contactos regionales y promover mejores prácticas en toda América Latina desde la Ciudad de México. El Centro ha facilitado el intercambio de conocimientos y experiencias entre países de la región, promoviendo la cooperación en áreas clave como política económica, educación y desarrollo sostenible.

El Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, impulsado en gran medida por México, ha sido un vehículo crucial para la integración y el desarrollo regional. Este programa ha permitido que los países latinoamericanos se beneficien de la experiencia y los recursos de la OCDE, fomentando políticas que impulsen el crecimiento económico sostenible y la equidad social.

 

Extracto deGalván Gómez, Helena Sybel, y Carlos Javier Castillo Pérez. 2024. «Treinta años De México En La OCDE: Tres décadas De transformación». Revista Mexicana De Política Exterior, n.º 130 (noviembre): 123-34.